Dentro de las características fundamentales de una sociedad desarrollada, el avance cultural y científico es un indicador seguro y una señal inequívoca del grado de bienestar que ésta disfruta. Es deseable que todas las contribuciones a este crecimiento sean conocidas y apreciadas en su justa medida por la sociedad, y que todos los agentes que lo hacen posible reciban la consideración adecuada.

Un gran porcentaje de la investigación que se realiza en nuestro país se lleva a cabo por el que denominaremos "personal investigador en formación (PIF)", en el que se incluyen de manera indis criminada estudiantes de doctorado, becarios de investigación y otras figuras no muy bien delimitadas. Su formación científica y académica, adquirida durante varios años mediante la elaboración de una tesis doctoral o el desarrollo de un proyecto de investigación, los convierte en la base del futuro universitario, industrial y profesional del país. Este colectivo heterogéneo, fundamental para el funcionamiento del Sistema de Investigación, sufre de manera común un alto grado de precariedad laboral y profesional, reflejado, en el caso de los becarios de investigación, en puntos como los siguientes:

• Los ingresos en forma de beca están sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas en el capítulo de "rendimientos netos de trabajo", e inclusive las escasas ayudas que son concedidas para desplazamientos al extranjero o fuera de la comunidad autónoma de origen, en ocasiones no son consideradas "dietas", sino ingresos sujetos a tributación.
• Desde el punto de vista laboral, no son considerados trabajadores, ni siquiera temporales o en formación, pese a que las tareas realizadas por el becario son equiparables a las desempeñadas en el marco de los contratos de formación [1], con los consiguientes perjuicios derivados de la ausencia de derechos a prestaciones por desempleo, seguridad social, cotización al sistema de pensiones, experiencia profesional o posibilidad de firmar en proyectos de investigación.
• La inversión económica y social es habitualmente desaprovechada, al no existir mecanismos eficaces para la absorción de los becarios de investigación en el tejido universitario e industrial español. Como consecuencia, abunda la "fuga de cerebros" al extranjero, y es alto el porcentaje de doctores que desempeñan en el mercado laboral trabajos que requieren menor cualificación que la conseguida durante sus años de formación.

Realicemos un resumen de las responsabilidades de un becario de investigación, enumerando las funciones que realizan:

• En la construcción del conocimiento científico, los becarios son una de las principales fuerzas de trabajo en el desarrollo real de los proyectos que llevan a cabo los grupos de investigación de que forman parte, permitiendo que la contribución española al avance de la ciencia y de la tecnología se encuentre muy por encima de lo que correspondería atendiendo al escuálido gasto económico en I+D de España, y al bajo porcentaje de este gasto que realmente se dedica a formar investigadores. Recordemos que los becarios forman parte implícita del personal encargado de llevar a cabo los proyectos, y muchas veces la mayor parte del peso recae sobre ellos.
• Desde el punto de vista de las universidades como instituciones docentes, los becarios de investigación desarrollan labores de enseñanza teórica y práctica, muchas veces recogidas en las convocatorias de las becas que perciben, y por tanto reconocidas oficialmente, y otras veces de manera tal que no puede ser reconocida legalmente por la propia institución en la que se están formando y con la cual colaboran.

Analicemos ahora las "contrapartidas" que obtiene este colectivo, como "reconocimiento social" de sus responsabilidades:

• No se considera trabajo la labor desarrollada por los becarios de investigación, excepto a la hora de pagar impuestos. La relación de éstos con los organismos oficiales o con las instituciones privadas convocantes de las becas se recoge en relaciones administrativas no laborales. Esto se traduce en la no contribución al régimen de la Seguridad Social y la consiguiente pérdida de prestaciones y logros sociales, como son el sistema de sanidad pública, la cobertura de prestaciones por desempleo al concluir el periodo de percepción de la beca, y el no reconocimiento de los años trabajados como becario a efectos del cómputo de pensiones de jubilación. Tampoco esta prevista la posibilidad de vacaciones ni bajas por maternidad o paternidad.
• No existe una regulación explícita del trabajo que el becario puede desarrollar, sus derechos y deberes. La poca y vaga normativa sobre los becarios de investigación aparece en los estatutos de algunas universidades [2] y centros de investigación, apreciándose una gran disparidad de criterios. Todo esto conduce a situaciones de dudosa legalidad jurídica, como es la obligación de asumir labores docentes o investigadoras que, o bien no competen al becario, o bien exceden la responsabilidad de un licenciado que continúa en formación, o bien se desarrollan de manera ilegal y no reconocida ni reconocible al corresponder a otro trabajador. En muchas universidades y centros de investigación, no tienen derecho a una representación colectiva propia en órganos de gobierno y comisiones delegadas. Y ni siquiera pueden formar parte del equipo que solicita financiación para un proyecto de investigación, ya que para esto hay que estar contratado.
• Debido a la escasez del esfuerzo investigador en el sector privado, los doctores no encuentran fácilmente en las empresas puestos en los que puedan utilizar su plena capacidad y experiencia.
• La falta de una política de futuro para los jóvenes investigadores, tras la que se advierte la poca consideración que merece la investigación en las esferas oficiales, impide a muchos de ellos, incluso después de largos periodos de formación postdoctoral, integrarse en el sistema de investigación español, con la consecuente pérdida de un gran potencial investigador en favor de países con políticas científicas más consecuentes.
• Las retribuciones percibidas por un becario de investigación son mucho menores que las de un titulado universitario en el mercado laboral, pese a que, en general, las condiciones para conseguir una beca son mucho m ás restrictivas. A este hecho hay que añadir que existen grandes diferencias en la cuantía económica de la beca y en las coberturas adicionales que ésta proporciona (tasas de estudios de tercer ciclo, seguro médico privado, ayudas para estancias en otros centros de investigación) según el organismo que concede la beca.

Sin necesidad de entrar en comparaciones con otros países dentro de Europa, o incluso con países considerados menos desarrollados que el nuestro, que tratan a los investigadores en formación de una forma mucho más equitativa y justa, consideramos necesaria la adopción de las siguientes medidas para dignificar nuestra situación:

• Supresión del actual sistema de becas, convirtiéndolas en contratos de formación [3], mediante la creación de una nueva figura denominada Personal Investigador en Formación (PIF), de naturaleza análoga al MIR (Médico Interno Residente). Esta conversión debe respetar los instrumentos necesarios para la formación científica y académica (pago de tasas de estudios de Tercer Ciclo, estancias de investigación en otros centros, en el extranjero...). Con este cambio se pretende el reconocimiento del antiguo becario de investigación como trabajador, con todos sus derechos y deberes, específicamente la integración en el régimen general de la Seguridad Social.
• Promulgación de una legislación de mínimos, válida para todos los organismos oficiales, que unifique las características de estos contratos en lo relativo a derechos y obligaciones. Concretamente, en lo referente a retribuciones, duración del contrato, cobertura de cursos de doctorado, cobertura de otra formación y de estancias y viajes a otros centros de investigación.
• Derecho a tener representación colectiva propia, siguiendo criterios al menos de proporcionalidad en los órganos de gobierno de las universidades y centros de investigación que acojan a PIF, así como en las comisiones delegadas que impliquen directa o indirectamente a los PIF, reconociéndose el derecho a voz y voto en éstas y en los consejos de departamento. También, el derecho al reconocimiento institucional de todas las asociaciones de PIF que puedan surgir, siempre que en su constitución jurídica respeten la legalidad vigente y los estatutos y reglamentos de las universidades o instituciones donde actúen.
• Aumento decidido de los fondos destinados a la formación de investigadores, habilitándose mecanismos que favorezcan el aprovechamiento de esta inversión y eviten situaciones anómalas como las descritas anteriormente. Asimismo, deberá existir un reconocimiento oficial del periodo de formación y de la actividad laboral realizada, como la participación en proyectos de investigación y la docencia impartida, y una valoración adecuada en el ámbito académico y extraacadémico.
• La formación adquirida por el becario de investigación le capacita para desarrollar una labor profesional cualificada en ámbitos de naturaleza diversa, estén éstos directamente relacionados con la investigación (en la esfera pública o privada) o no. En este sentido, no es escaso el número de becarios que optan, una vez finalizado su proceso de formación, por desarrollar su actividad profesional dentro de la Administración, encontrándose con la obligación de superar nuevos procesos de selección que, en el mejor de los casos, consideran únicamente como méritos el resultado final de su trabajo (la tesis doctoral) pero no valoran en su justa medida el tiempo de formación durante el que se realizan otras actividades de naturaleza diversa -docencia, prácticas, tutorías, etc- que repercuten en la mejor cualificación del becario y, en última instancia, benefician a los centros donde éste ha desarrollado su labor. Sería necesario establecer mecanismos que contemplasen de forma más amplia estos méritos del PIF dentro de los procesos de selección para la Función Pública.
• Afirmación y vitalización de una red de investigación y desarrollo española sólida, a través de un incremento en el gasto en I+D, de un aumento paralelo en el control del destino de estos fondos, de una implicación estrecha de las universidades y centros de investigación con el tejido productivo del país y de un acercamiento a los ciudadanos, sus preocupaciones y necesidades.

Esta es la visión del panorama actual. Esperamos que estas líneas sirvan para dar una imagen objetiva de la situación de gran parte de los profesionales que, día a día, constituyen uno de los ejes fundamentales de la estructura del avance científico en nuestro país, y que impulsen a una reflexión seria sobre cómo abordar la solución a la injusta situación que los investigadores en formación arrastran desde hace muchos años, teniendo en cuenta las medidas que se han propuesto.

BIBLIOGRAFÍA

• [1] "Las becas y los Contratos Formativos: ¿Dos caras de una misma moneda?" Josep Moreno i Gené. Política de Empleo y Protección Social, Ed. Signo, Tarragona. 1995
• [2] "Los becarios de Investigación: Docencia versus Formación". Autonomies. Num 23., junio 1998. Barcelona
• [3] "La formación de investigadores en el Plan Nacional de I+D: Una aproximación evaluativa". González, M.T.; Pérez, M.; Fernández M.. Gestión y Análisis de Políticas Públicas. nº 5-6. enero-agosto 1996

REFERENCIAS

Federación de Jóvenes Investigadores / PRECARIOS
http://www.precarios.org